Rafael Villaseca: “La fiscalidad energética actual no se destina siempre de forma prioritaria a resolver los problemas ambientales que dieron lugar al impuesto”

presentacion-libro-fiscalidad-energetica-madrid4 Energía y medio ambiente

La Fundación Naturgy presentó hoy la publicación ‘La fiscalidad energética. Sentido, objetivos y criterios’, en el que se identifican y describen los impuestos y cargas fiscales que gravan las diferentes fases del ciclo integral de la energía.

“Un tributo medioambiental debe tener carácter finalista, esto es, los ingresos obtenidos por la recaudación del mismo deben destinarse a financiar gastos para la mejora y protección del medio ambiente”. Este es uno de los principios que subyace en el nuevo estudio de la Fundación Naturgy, ‘La fiscalidad energética. Sentido, objetivos y criterios’, elaborado por el fiscalista Juan Carpizo y las abogadas especializadas en fiscalidad Eugenia Montaña y Teresa Checa.

En la presentación del libro, el presidente de la Fundación Naturgy, Rafael Villaseca, explicó que la publicación aporta datos para poder valorar si el destino de lo recaudado es más o menos finalista. “De la compilación y la evaluación realizada en el estudio, se deduce el carácter básicamente recaudatorio de estos gravámenes en la actualidad en nuestro país”, afirmó Villaseca, que añadió que “la fiscalidad energética actual no se destina siempre de forma prioritaria a resolver los problemas energéticos y ambientales que dieron lugar al impuesto”.

Según afirman los autores en el libro, “no podemos encontrar ningún impuesto cuyo objetivo prioritario sea incidir en la reducción de comportamientos contaminantes o en el fomento de un uso energético más eficiente”.

En el estudio, se afirma que “un tributo medioambiental debe gravar los efectos nocivos para el medio ambiente provocados por aquellas actividades que los originen”, bajo el principio general de la tributación medioambiental de que “el que contamina, paga, pero todo aquel que contamina, no sólo algunos”. Así lo asume la Unión Europea, recogiendo un principio en el que la OCDE ya fue pionera en 1972 en su Recomendación sobre ‘Los principios directores relativos a los aspectos económicos de las políticas de medio ambiente en el plano internacional’.

El libro recuerda que uno de los principales retos en relación con la política y la legislación medioambientales de la Unión Europea es “mejorar la fiscalidad medioambiental, así como reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”, y para ello, “los impuestos medioambientales son una pieza clave”. Sin embargo, en la última década ha habido una cierta dispersión normativa y un enfoque heterogéneo a escala regional e incluso local.

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